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Sobre la anulación de la Ley de Caducidad

No suelo hacer esto de copiar y pegar integramente, pero en este momento y con el permiso implícito de su autor, Daniel Ferrere, oso compartir el siguiente texto de su autoría.

Daniel Ferrere es uno de los abogados más importantes de nuestro país y una referencia en la materia. Leámoslo:

Por qué NO voto por anular la Ley de Caducidad

POR DANIEL FERRERE

En estas cosas uno siempre tiene que empezar con cuidado, haciendo precisiones que deberían ser innecesarias, pero que hoy parecen imprescindibles. Lo primero es que tratamos de entender a los que fueron personal o familiarmente afectados por las conductas de los gobiernos represivos de los años 70, y de respetar su posición. Quien ha perdido un ser querido por causa de la tortura, o quien no lo sabe pero lo sospecha, lleva consigo heridas que los que no hemos pasado por eso, no podemos siquiera comprender cabalmente. No tratamos, por eso, de ponernos en su lugar. Pero el hecho de respetar no quiere decir que debamos apoyar la Ley de Caducidad. En Uruguay los que sufrieron la violencia de la represión son unos pocos, y los demás somos muchísimos más. Y tenemos derecho a dejar atrás un pasado que ocurrió hace 35 años. Porque entendámonos bien; esto no es cuestión de verdad sino de venganza. El deseo de venganza puede ser natural, pero no es un valor colectivo. Si lo que se busca es la verdad, puede perfectamente encontrarse en el marco de la Ley de Caducidad. Lo que no puede conseguirse bajo la Ley de Caducidad es meter presos a los que se benefician de ella. Todo lo demás se puede hacer, incluyendo investigar todo lo que pueda investigarse.

Para seguir entendiéndonos bien digamos con absoluta claridad que si lo que estuviera proponiendo fuera derogar, y no anular, la Ley de Caducidad, votaríamos a favor. La Ley de Caducidad ya no es necesaria, ni produce ningún efecto positivo. Se aprobó para buscar la paz, y lo que se podía conseguir ya se consiguió. Y lo que no se va a conseguir no va a producirse con o sin la Ley de Caducidad. Si de derogar se tratara, entonces, votaríamos por hacerlo. Pero lo que se pretende no es derogar, sino anular, que no es lo mismo. Lo que se pretende es hacer desaparecer todos los efectos de la ley, como si esta nunca hubiera existido. Aparece así de nuevo el motivo de venganza. Nada de esto tiene que ver con investigar, sino con castigar. Todos los que fueron excluidos de persecución criminal pasarían –si la anulación fuera posible– ahora a ir presos que, de nuevo, es de lo que se trata.

Al proponer la anulación en lugar de la derogación, sin embargo, se están haciendo cosas que a los que creemos en el derecho nos parecen terribles, además de imposibles. Si hay algo básico en el derecho criminal, es el que los delitos no se crean “para atrás”, y que cuando un delito se extinguió por amnistía, o porque desapareció la figura penal, o por cualquier otra razón, no se lo puede hacer reaparecer. La “anulación” de una amnistía es imposible porque la amnistía extingue, y lo que se extinguió no se puede crear para atrás.

El derecho es una construcción humana que se perfecciona con el tiempo. Y hay cosas que han evolucionado por siglos hasta transformarse en principios que están por detrás de las normas inmediatas. Los hay en todas las disciplinas jurídicas, y es gracias a esos principios que el derecho funciona bien, armónicamente y con sentido. En este contexto, la pretensión de anular una ley que en su esencia y naturaleza es una amnistía, repugna a quienes creemos en el derecho basado en las libertades individuales. Y la sola posibilidad de que se apruebe esta reforma, y que nuestro sistema judicial se vea lanzado a la disputa esencialmente política de si lo que los autores de este proyecto quieren es posible o no, es todavía peor. Poco a poco vamos entrando por un camino en el que el derecho serio, imparcial y liberal que conocíamos va siendo sustituido por un derecho politizado en el que cualquier cosa puede sostenerse, y cualquier cosa puede llegar a ser aceptada cuando el poder va para ese lado. Lo hemos visto pasar en otros países de América, y vemos la semilla, precisamente, en estas cosas.

Lo que se ha visto y leído en torno a la aplicación reciente de la Ley de Caducidad violenta la conciencia de aquellos que creemos que el derecho y el sistema de Justicia es más importante que el deseo de venganza. Fiscales que, por casualidad, siempre son seleccionados para presentar los mismos casos ante los mismos jueces; condenas basadas en “debió haber sabido” o “no puede haber sido ajeno”, con desprecio por las reglas más elementales de la prueba, inventos cuyo único propósito es saltar por encima de obstáculos jurídicos que deberían ser insalvables, todo parece ser admisible con el propósito de meter presas a personas que pueden ser política o moralmente responsables de muertes o desapariciones, pero que nunca serían condenadas bajo las reglas de prueba de ningún sistema serio.

Esto necesita de otra aclaración. Cuando se procesó a algunos de los principales responsables por el gobierno de facto nos sentimos tan indignados por los argumentos utilizados en la sentencia que pensamos en escribir un artículo al respecto. Pedimos, entonces, una copia entera de la sentencia, para leerla antes de escribir. Y luego de leerla decidimos no escribir nada, porque fue tal el horror que nos produjeron los hechos que se describen en el expediente que no quisimos que nadie creyera que estábamos minimizando lo que leímos. Pero una cosa no quita la otra. El que las personas condenadas en este gobierno nos parezcan moral y políticamente responsables de hechos repugnantes no quiere decir que la repugnancia moral nos lleve a torcer el derecho hasta destruir su esencia. Uno puede ser moral y políticamente responsable, pero no penalmente condenado, porque los tres sistemas tienen alcances diferentes.
La política, en definitiva, tiene que tener límites. Ahora resulta que los tupamaros se organizaron para luchar contra un gobierno de facto; que la Ley de Caducidad está mal pero la Ley de Amnistía a los que estuvieron del otro lado está bien, y lo único que nos preocupa es la verdad, pero al que invente un argumento para meterlos presos lo premiamos con propuestas de promoción. No todos los fines justifican los medios. Miremos cómo les va a otros países hermanos que se lanzaron por el camino de la destrucción del derecho antes de decidir si queremos imitarlos.

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